El bloqueo político como excusa a la inversión en I+D+i
En un contexto de bloqueo político como el actual resulta cuanto menos inquietante pararse a pensar en cómo será el plan de inversiones en Investigación y Desarrollo del Gobierno para la anualidad 2018 y más aún si tenemos en cuenta las amenazas “veladas” que unos y otros partidos políticos se lanzan, como piedra arrojadiza, para prorrogar unos presupuestos que han evidenciado una ejecución efectiva de poco más del 38% de las partidas previstas para I+D+i en 2017.
Muchas voces se han elevado en diferentes sectores reclamando un cambio de modelo que facilite el acceso a unos recursos que durante este año les han sido inalcanzables. Recientemente, veíamos como las empresas de biotecnologías manifestaban su frustración ante un modelo en el que la mayor parte de las inversiones tenían que venir de aportaciones privadas de los accionistas debido a las exigencias establecidas por el Gobierno, en forma de avales, a las iniciativas apoyadas con algún tipo de subvención.
Casi con toda certeza, podríamos concluir que si preguntáramos en otros sectores las conclusiones serían parecidas. Con unos presupuestos en I+D+i lejos de sus máximos históricos de 2008, cuando superaron los 10.000 millones de euros, resulta contradictorio observar cómo, en este año, más de 3.000 millones de euros se han quedado sin utilizar.
Y la ciberseguridad no escapa a su efecto
Si extrapolamos este análisis al sector de la ciberseguridad nos daremos cuenta de que las perspectivas tampoco son excesivamente prometedoras, pese a que en la última consulta pública sobre la Estrategia Digital para una España Inteligente (EDEI) planteada por la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se evidenciaba que “las cuestiones relativas a la ciberseguridad podían suponer un freno al proceso de transformación digital.”
Si tenemos en cuenta algunos ejemplos como el INCIBE o el CNI cuyos presupuestos apenas alcanza los 200 millones de euros nos daremos cuenta del déficit en I+D+i para un mercado que en España mueve más de 1.200 millones de euros en el último año y que tiene una perspectiva de crecer con ratios de dos dígitos en los años venideros. Quizás, consciente de ese déficit, el Gobierno acaba de dar un primer paso, aprobando la creación de un centro de operaciones contra las ciber-amenazas y la desinformación en internet.
En esta línea, un informe del propio INCIBE realizado a los miembros de la Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad – RENIC (constituida el 1 de Julio de 2016 y que incluye centros de investigación públicos y privados) identificaba como principales áreas de investigación la resiliencia de los sistemas, la gestión de la privacidad, el procesamiento de datos y la gestión de infraestructuras críticas.
Se trata de áreas que coinciden en parte con los objetivos planteados en la Unión Europea dentro de su Plan Estratégico de Ciberseguridad revisado durante 2017. Una Unión Europea que ya se ha puesto en marcha dentro del Programa Marco Horizonte 2020, al que ha calificado en el periodo 2018-2020 como el de “Unión de la Seguridad” y en el que pretende, como primer paso, impulsar el desarrollo de un proyecto piloto por valor de 50 millones de euros con vistas a la creación de la red de centros de competencia en ciberseguridad.
A nivel nacional, el plan aprobado por el Gobierno a finales del año define la estrategia española de ciencia y tecnología y de Innovación 2013-2020. El plan insiste en la promoción del talento y su empleabilidad, la generación de conocimiento y fortalecimiento del sistema, el liderazgo empresarial en I+D+i e investigación e innovación orientada a los retos de la sociedad como ejes de nuestro desarrollo futuro. Nada nuevo.
Esperemos que, esta vez, las propuestas no sean las mismas porque España sigue perdiendo puestos a nivel europeo con un retroceso de las inversiones en I+D por sexto año consecutivo con relación a nuestro PIB, y se aleja de actores tan representativos en términos de inversiones en ciberseguridad como el Reino Unido o Israel.
